Este escrito corresponde al último posteo del 1° cuatrimestre. El libro a utilizar es "Políticas de privatización, espacio público y educación en América Latina" por P. Gentili. Nos basaremos en los capítulos 5 y 15.
Como objetivo de este posteo queremos analizar los Tratados de Libre Comercio (TLC), tras la falsa idea de que la liberalización del comercio permitirá mejorar el nivel de vida de las sociedades, ponen en cuestión la soberanía de los Estados y su posibilidad de desarrollar políticas públicas que garanticen los derechos sociales y humanos fundamentales, entre ellos el derecho a la educación.
La promoción de libre comercio se justifica con el argumento del supuesto beneficio para todos los países, pero estos supuestos difieren con la realidad. Ésta muestra que los países desarrollados se especializan en la producción de bienes de alto valor, como por ej. bienes industriales, mientras que los países llamados "subdesarrollados" se especializan en producir bienes en materia prima, mano de obra barata, etc. La liberalización del comercio sólo acentúa esa tendencia.
Notamos que más que acuerdo, son imposiciones sobre los países en desarrollo. En el fondo son instrumentos para ampliar y garantizar el acceso de las empresas transnacionales a mercados y recursos en todo el mundo y proteger sus inversiones, tanto físicas como intangibles, estas últimas a través de la extensión del régimen de protección de los derechos de propiedad intelectual.
Dejando en claro esta idea, observamos que en los TLC algunos países son más libres que otros.
Los países desarrollados en especial Estados Unidos , presionan las a los países "en desarrollo" para que desmantelen controles y regulaciones mientras ellos continúan regulando el comercio a través de medidas tales como las barreras para-arancelarias, que incluyen entre otras las normas sanitarias o técnicas, cupos y cuotas. Además de esto, subsidian fuertemente a sus productores (lo que está prohibido) para que puedan competir con los países que son más eficientes en esas producciones.
Para el caso del comercio de los servicios educativos, las principales barreras son: la restricción a la hora de otorgar permiso a los proveedores extranjeros, las condiciones de nacionalidad a la hora de contratar profesores, las subvenciones a los establecimientos nacionales, la existencia de "monopolios" públicos, la prohibición de suministrar servicios educativos para empresas extranjeras, la prohibición a empresas extranjeras de otorgar títulos oficiales, etc.
Analizando más detenidamente, si bien los TLC hablan de "servicios" estos no aclaran la definición del término. Ellos consideran los servicios como mercancías intangibles, que generalmente se consumen al momento que se producen , por ej. los servicios que presta un educador. Así ningún aspecto relacionado con nuestras vidas quedará afuera de de los servicios susceptibles de ser comercializado. El propósito primordial es el de maximizar ganancias y no para el bien de los y las ciudadanas.
En el contexto de la globalización, los TLC avanzan sobre la redefinición del Estado como garante de los derechos de los y las ciudadanas. El Estado profundiza las tendencias privatizadoras, la comercialización de los servicios reduce el papel de los Estados Nacionales estrechando cada vez más los márgenes de desición y consolidación de una sociedad de mercado.
En América Latina en las últimas tres décadas, se ha venido arraigando un fenómeno: la instalación de una sociedad de mercado, que tiende a mercantilizar todas las relaciones sociales, transformando al ciudadano político en consumidor de mercado.
Vemos que la función que se le asigna a la universidad, la cual es concebida en este proceso como productora de individuos , aptos para incorporarse al mercado laboral europeo. No se trataría ya de desarrollar y transmitir conocimiento con aplicación social sino de formar trabajadores en función de las demandas de las empresas privadas. Esta preocupación es mayúscula en la medida que lleva a un derroche de potencial humano.
Desde la perspectiva de los TLC, la educación no puede ser considerada como derecho de ciudadanía. El propósito principal es que las corrientes comerciales circulen con fluidez, libertad, equidad y previsibilidad, no que los ciudadanos vivan mejor.
El primer paso para en la construcción de un mundo alternativo ha de ser rechazar la imágen del mundo que nos han impuesto y todas las falsas promesas empleadas por doquier para justificar e idealizar la necesidad, criminal e insaciable de vender.
Contemplamos que la salud, la educación y la cultura constituyen algunos de los servicios que se encuentran incluidos en el TLC, entre ellos, en el ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas). Éstos se negocian o firman entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe.
De acuerdo al derecho a la educación éste se ha constituído por el acceso a la educación y la obligación de los gobiernos de velar porque al menos la enseñanza obligatoria sea gratuita se ha atenuado colocando la palabra gratuita entre comillas.
La escuela pública ha sufrido estas políticas en un plano material, pero también en el imaginario respecto de cómo la concebíamos. Como sostiene el autor, la ofensiva neoliberal contra la escuela pública se ha vehiculizado tanto a través de un conjunto de medidas políticas como mediante estrategias culturales orientadas a quebrar la racionalidad sobre la cual la escuela pública, aún como ideal, se sustentaba. El neoliberalismo sólo logra imponer sus políticas en la medida en que pueda desintegrar culturalmente la posibilidad misma del derecho a la educación.
Paralelamente a la privatización, se ha desarrollado un proceso de mercantilización de la educación. En general, podemos decir que suelen recuperarse tres elementos propios de del mercado para introducirlos en el ámbito educativo: libre elección, autonomía y competencia. El primero refiere a que las familias o "consumidores de servicios" puedan elegir libremente qué propuesta educativa quieren para sus hijas e hijos. Para que efectivamente las familias puedan elegir entre una diverdad de propuestas, se postula que es necesario que las escuelas tengan autonomía para desarrollar sus propios proyectos. Esta autonomía refiere tanto a los aspectos pedagógicos como a los administrativos. Por último, la competencia, que adquiere un lugar central en esta propuesta como en todo discurso económico que refiere al mercado , es lo que permitirá que las escuelas desarrollen mejores propuestas educativas para poder atraer "consumidores".
La educación no es una mercancía que debe servir para enriquecer a las empresas, los alumnos no son productos, las familias y las/os estudiantes no son consumidores de educación y las trabajadoras y trabajadores de la educación no son simples dispensadores de servicios debemos oponernos a esto energéticamente para que la educación no se incluya en los acuerdo de los TLC, incluyendo al ALCA. La educación es un derecho social que debe ser respetado como tal.
